Gobierno descalifica amenazas de la UPEA y alerta de perjuicios a los estudiantes

Gobierno descalifica amenazas de la UPEA y alerta de perjuicios a los estudiantes

Estudiantes y docentes de la carrera de Comunicación Social volvieron a pasar clases en El Prado de la urbe paceña, frente al Ministerio de Justicia, demandando justicia por la muerte del estudiante Jonathan Quispe Vila.

La Paz.- La advertencia de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) de reactivar las movilizaciones, en caso de que no se los convoce a reinstalar el diálogo, fue descalificada por el Gobierno que consideró que los únicos que se verán perjudicados serán los estudiantes al no pasar las clases.

Los estudiantes, docentes y administrativos de esa casa de estudios superiores mantienen su estado de emergencia en demanda de un mayor incremento presupuestario para poder desarrollar sus actividades durante los próximos años.

Para ello pidieron que se pueda modificar la Ley 195 de Coparticipación Tributaria pero la propuesta fue rechazada por el Ejecutivo por que aseguró afectaría económicamente al resto de las otras universidades públicas.

UPEA vuelve a amenazar con movilizaciones si no se reinstala el diálogo en 48 horas
“Algunas carreras ya están pasando clases, pero todo este tipo de presiones que ellos quieren realizar, injustificadas desde todo punto de vista, preocupa porque se exponen nomás los alumnos, los sacan sin motivo, no están pasando clases”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillén.

Por decisión de los estudiantes y docentes, desde la víspera retomaron la labores académicas, pero la carrera de Comunicación Social decidió pasar en El Prado de la urbe paceña, frente al Ministerio de Justicia, demandando justicia por la muerte del estudiante Jonathan Quispe Vila.

Tras concluir las 48 horas, el Comité de Movilizaciones de la UPEA será el que defina las medidas de presión que se asumirán, lo que implicaría que las labores académicas sean suspendidas nuevamente.

Gullén considero que los Bs 70 millones adicionales, aprobado mediante una ley, son suficientes para garantizar el funcionamiento de la universidad e insistió que para asignar un monto superior, la universidad primero debe transparentar el destino de sus recursos.

Fuente: La Razón

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